Pedro Peralta, el empresario y primo de Jose Ignacio Peralta Sanchez en ese entonces todavía Gobernador, antes de concluir su mandato cedió los derechos para operar el relleno sanitario del estado a una de las tantas empresas de la familia peralta, que hasta hace dos años su giro comercial era a la elaboración de muebles y cocinas.
Aparte de entregarle la concesión de un servicio publico, se estableció la obligación de un pago por parte del gobierno por 50 millones de pesos por la propiedad intelectual para hacer ese trabajo como parte de una asesoría técnica, cuando esta empresa no tenia en ninguno de sus servicios, hacer estudios de esta magnitud;
El consejero jurídico del gobierno del estado, llevo a cabo un Juicio de Lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) contra la empresa MA Tendencias SA de CV, por acciones y contratos ocurridas durante la pasada administración, que se consideran ilegales. «La administración anterior, a través de Imades, operaba el relleno sanitario y le cobraba por ello a los ayuntamientos que lo utilizan (…) sin embargo decidió ceder la operación del relleno sanitario a la empresa privada dedicada a fabricación, diseño, venta e instalación de muebles y de cocinas integrales».
MILLONARIO DAÑO PATRIMONIAL
Añadió que la Constitución establece que el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, es atribución constitucional de los ayuntamientos y pueden convenir con el Estado, para que éste se encargue de forma temporal; ya sea directamente o a través de un organismo de la propia administración estatal, recordando que en la administración estatal anterior se tenía la operación del relleno sanitario a través del Imades, durante dos años y medio.
El gobierno anterior, sin consentimiento del Imades, licitó y adjudicó la operación del relleno sanitario a la empresa “MA Tendencias” causando un daño patrimonial a las y los colimenses (…) se tiene información de los años 2021, 2022 y hasta agosto 2023, que la empresa ha recibido más de 76 millones de pesos esa actividad.
La vía jurídica adecuada era una concesión y no se hizo así; el contrato establece un monto mínimo de residuos procesados que, de no cumplirse, todos los riesgos y costos van para el Gobierno del Estado. La empresa ganaba sí o sí y sin arriesgar. Se contrató una línea de crédito contingente y revolvente por 4 millones de pesos con garantía en las participaciones federales». indicó el servidor público estatal.
El Consejero tambien señaló que se nombró un ‘asesor técnico’, pero su nombramiento no pasó por el Consejo Directivo y que no participarán testigos sociales en el procedimiento. «El contrato se firmó por el entonces consejero jurídico, servidor público que no tenía facultades para tal efecto (…) La empresa no acreditó contar con al menos un año de experiencia en la materia (el objeto social –cocinas– tenían menos de un año de haberlo modificado). A la misma empresa se le dieron contratos para estudios sobre el relleno sanitario, lo que le dio ventajas para la licitación que posteriormente ganaría» concluyó el consejero jurídico.
Editorial